A partir de las narrativas y valoraciones forjadas en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, este texto tiene como objetivo demostrar que durante el siglo XX, Colombia fue gobernada por normas de orden público fuertemente restrictivas de las libertades ciudadanas y desarticuladoras del normal funcionamiento de los poderes públicos. Para lograr este objetivo, se hace un recorrido histórico para explicitar tres puntos: las formas en que el poder ejecutivo se abrogó la competencia para decidir sobre asuntos de orden público, las tensiones y rupturas ocurridas en el estado de sitio de 1984 y, las fuertes críticas que hicieron los asambleístas de 1991 respecto a la figura del estado de sitio contenida en la Constitución de 1886.