Este artículo sustenta las razones que acreditan los alcances constitucionales e internacionales del ambiente como una fortaleza para los procesos de transición de los POT en Colombia. Para ello expone las formas en qué se define el ordenamiento territorial en la legislación, y cómo en su manifestación urbana el ambiente se impone como determinante expreso de superior jerarquía, para las autoridades municipales, competentes al momento de formular, adoptar y ejecutar un POT. Se describen los determinantes en el marco del Estado Social de Derecho, encontrando en la Constitución de 1991 y el Bloque de Constitucionalidad los fundamentos que hacen del ambiente un condicionante formal y material de validez; el cual, desde la incidencia de la función ecológica de la propiedad, adquiere poder vinculante, con derechos que termina englobando para la adecuada organización territorial, como el derecho a la vivienda.